Human Rights

Perspective on Human Rights

Las últimas dos décadas han visto en América Latina un cambio en el trabajo y debate acerca de la observancia de los derechos humanos. En los ochenta, con una América Central sumergida en guerras civiles y con una América del Sur dominada por el club de las espadas de los dictadores militares de turno, el debate principal así como el trabajo fundamental del movimiento de derechos humanos se centraba en la lucha por la vigencia efectiva de los derechos civiles y políticos. En la región predominaban las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos como política de Estado, las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, los exiliados forzados, las detenciones ilegales y arbitrarias. No sorprende que el movimiento de derechos humanos se haya concentrado en promover la observancia del derecho a la vida, la libertad física, la integridad física, la prohibición de la tortura, la libertad de expresión o las mínimas y más elementales reglas del debido proceso.

Pero la región ha cambiado en estos veinte años. Los gobiernos electos democráticamente son la regla y no la excepción, las firmas de los acuerdos de paz son una realidad en América Central y no existen en la generalidad de los países políticas de Estado de violaciones a derechos humanos. Las estrategias en materia de derechos humanos en estas dos décadas han reflejado también estos cambios. En los finales de los ochentas y en las década del noventa, el movimiento de derechos humanos enfrentó desafíos tales como la respuesta que una sociedad democrática debe dar a las violaciones masivas del pasado, la construcción o reconstrucción el tejido social para consolidar países con democracias estables, el fortalecimiento de la independencia, imparcialidad y eficacia de los poderes judiciales, el rol de las Fuerzas Armadas, la construcción de una doctrina de seguridad democrática, el control y transparencia de la gestión pública. Todos estos temas son centrales, cruciales e ineludibles para el movimiento de derechos humanos. Por ello, las organizaciones defensoras de estos derechos continúan concentrando sus trabajos en derechos civiles y políticos.

Hacia finales de los noventa, América Latina experimenta procesos tales como la retracción del Estado benefactor, la globalización, la apertura de mercados, la integración económica, la emergencia de nuevos actores. En este contexto, el énfasis igualitario en asegurar la plena vigencia de los derechos económicos sociales y culturales como en los derechos civiles y políticos es un imperativo político, jurídico y ético impostergable e ineludible. El panorama de América Latina nos puede dar algunos indicios de estas necesidades. De acuerdo a datos del PNUD, la esperanza de vida al nacer en América Latina y el Caribe era de 70,3 años mientras que en los países con desarrollo alto era de 77,1 para el año 2001. Sin embargo, en Haití era de 49, 1 años, en Bolivia 63,3 y en Guatemala 65,3. El 20% de la población peruana no tiene acceso a fuente de agua potable, el 52,3% de la población ecuatoriana vive bajo el nivel de la pobreza, el 21% de la población en Venezuela, 26% en República Dominicana, 29% en Nicaragua se halla desnutrida. Estos datos podrían detallarse en otros áreas para demostrar como los derechos económicos, sociales y culturales que garantizan algunos de estos aspectos se encuentran lejos de ser una realidad.

La situación se agrava si uno compara la vigencia de los derechos civiles y políticos con la de los económicos, sociales y culturales. Mientras como se explicó en los párrafos anteriores, la región en las últimas dos décadas indican que los derechos civiles y políticos se encuentran hoy mejor protegidos que hace 20 años, no sucede lo mismo con los derechos sociales. Así la CEPAL indica que en América Latina el 25% de los hogares se encontraba en situación de pobreza en 1980, en el año 1999 el número había ascendido a 35%. En los mismos años, el número de desempleados creció de un 6.1% a un 8.4%. Por supuesto que hay otros índices que han mejorado, tales como el de mortalidad infantil o el de alfabetización, pero en términos generales, se puede señalar que hay un estancamiento cuando no un retroceso. Por ello, algunos sectores del movimiento de derechos humanos comienzan tímidamente a trasladar su atención hacia la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales destinados a lograr sociedad más justas, equitativas y solidarias.

Frente a este panorama, hay quienes plantean que la mejor forma de asegurar los derechos económicos sociales y culturales es a través de la protección de los derechos civiles y políticos. Su razonamiento es que solamente las sociedades democráticas, basadas en el respeto y la vigencia de las libertades públicas, permiten un crecimiento económico que a su vez garantizará los derechos sociales. Otros por el contrario entienden que el trabajo en la defensa y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales es una tarea impostergable. Sostienen que no hay posibilidad de construir sociedades democráticas basadas en la violación de los derechos de la equidad o los derechos sociales.

Veinte años después el desafío para el movimiento de derechos humanos continua siendo el mismo, hacer realidad la promesa de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que valga la pena aclarar, incluye entre otras cosas, derecho al trabajo, a la seguridad social, al descanso, a un nivel de vida adecuado, a la educación, a participar en la vida cultural del país. La respuesta a este desafío requiere rescatar los valores tradicionales y más nobles del movimiento de derechos humanos, es decir el cuestionamiento inquebrantable del abuso del poder, el clamor ante las injusticias, el del uso imaginativo de todas las herramientas jurídicas y políticas para cuestionar las violaciones de todos los derechos, sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales.

Ariel E. Dulitzky is a Human Rights Principal Specialist for the Inter-American Commission on Human Rights. He holds a master of law ?99 from the LL.M. program at the Harvard Law School. The views expressed in this article are solely those of the author and do not reflect the official position of the Organization of American States nor the Inter-American Commission on Human Rights