Social Enterprise
Making a DifferenceFall 2006
Peru: Palmas del Espino Palm Project
Cynthia Sanborn and Alvaro J. Delgado
La Amazonía peruana ha cautivado, desde hace mucho tiempo, a los aventureros y desesperados. El oro escondido de los incas, el boom del caucho y del petróleo, y la promesa de tierra gratuita a través de la colonización, atrajeron generaciones de campesinos pobres y jóvenes desempleados hacia la selva, en la búsqueda de un futuro mejor.
Durante la década de 1980, la hoja de coca reinaba en la Amazonía, particularmente en la selva alta y en el valle del Alto Huallaga (San Martín). Debido a la creciente demanda internacional de cocaína, el Perú se convirtió en el principal productor de hoja de coca en el mundo y, más específicamente, el valle del Alto Huallaga se transformó en un importante centro de abastecimiento no sólo para los cárteles de Colombia, sino también para otras mafias de traficantes en el mundo. Abandonados por el Estado, sin acceso a crédito y con un mercado limitado para los productos agrícolas tradicionales, muchos agricultores pobres se trasladaron hacia la región para cultivar coca como una alternativa para salir de la pobreza.
Sin embargo, la mayoría de los cocaleros ha permanecido en la base de la pirámide tanto por su nivel de pobreza como por su papel en la cadena del narcotráfico. Como los capos de la mafia corrompían o reemplazaban a las autoridades locales, los cocaleros no tenían quien los protegiera de los abusos de los narcos y sus sicarios. A mediados de la década de 1980, Sendero Luminoso empezó a disputar el poder de los cárteles defendiendo a los cocaleros, al mismo tiempo que imponían su propio régimen violento. Tratando de retomar el control del área, el ejército peruano también cometió diversos abusos contra la población civil. Según Antonio Trujillo, Presidente de la Federación Regional de Palma Aceitera de San Martín (FREDEPALMA) y Vicepresidente de la Confederación Nacional de Palmicultores y Empresas de Palma Aceitera (CONAPAL), “podía ser la policía, los narcos o el terrorismo. En cualquier momento eras historia”.
El gobierno de Estados Unidos ha invertido millones de dólares en la “guerra contra las drogas” en el Perú, promoviendo la erradicación tanto forzosa como voluntaria, así como también fuentes alternativas de ingreso para los cocaleros. No obstante, los esfuerzos del sector público para reemplazar el cultivo de coca con otra actividad agrícola sostenible han fracasado rotundamente por la falta de asistencia técnica y financiera, títulos de propiedad, semillas y mercados para los productos alternativos.
Palmas para Santa Lucía
La historia de Santa Lucía empieza como un pequeño poblado fundado a inicios del siglo XX por extractores de caucho, quienes fueron seguidos por colonos y migrantes que buscaban enriquecerse cultivando coca. Durante gran parte de la década de 1980 Santa Lucía estuvo considerada como “zona roja”, donde los senderistas se enfrentaban a los narcotraficantes, las fuerzas del orden y los agentes antinarcóticos. Los residentes vivían en un clima permanente de miedo e inseguridad.
Hoy en día su historia es diferente. Gracias a una alianza con Palmas del Espino, la empresa privada más grande que opera en el Alto Huallaga, los 3,200 residentes de Santa Lucía y aquellos de las comunidades vecinas, están sustituyendo voluntariamente la coca por el cultivo de palma aceitera y otras actividades conexas, lo que les ofrece una oportunidad real para escapar de la pobreza y vivir en paz. Cuatro de cada cinco jefes de familia de Santa Lucía se dedican a estas actividades. Además de invertir en viviendas y en servicios sociales para la comunidad, Palmas del Espino está apoyando a los agricultores independientes con la titulación de sus tierras, acceso a crédito y asistencia técnica para cultivar palma aceitera, promoviendo la organización del sector y ofreciéndoles un mercado asegurado para el fruto de palma, que la empresa convierte en aceite y otros productos. Palmas del Espino es el principal actor filantrópico de Santa Lucía.
Esta alianza es mutuamente beneficiosa y dirigida por fuerzas de mercado. Palmas del Espino ha desarrollado buenas relaciones con sus vecinos en un escenario de alto riesgo y ha ganado una cadena de proveedores de buena calidad. Pero los funcionarios de la empresa no siempre vieron las cosas así.
Fundada hace 27 años por la familia Romero, Palmas del Espino SA (“Palmas”) se dedica al cultivo de palma aceitera, la extracción de aceite de palma y la fabricación de productos derivados que incluyen aceite de cocina, manteca, jabón y chocolate. Actualmente, la plantación y fábrica de Palmas ocupan cerca de 10,000 hectáreas y la empresa emplea directamente a más de 1,500 personas, entre funcionarios, empleados y obreros agrícolas. Sus ingresos totales durante 2005 ascendieron a US$ 37.1 millones. Palmas forma parte de un conglomerado de empresas de propiedad de este grupo familiar, conocido como el Grupo Romero.
Levantando barreras y atravesando obstáculos
Llegar a esta situación de beneficio mutuo no fue fácil. Cuando la plantación fue inaugurada sus dueños tuvieron dificultades para encontrar suficientes trabajadores para el cultivo, porque competían por la mano de obra con el lucrativo negocio de la coca.
En 1984, Sendero Luminoso atacó Palmas del Espino destruyendo casi todas sus instalaciones y vehículos. Este ataque obligó a que la empresa realizara un gran inversión en una numerosa fuerza de seguridad. Sin embargo, en 1987, los senderistas lograron destruir los convoyes de camiones de la empresa en su intento de acabar con la operación.
Durante el mismo periodo, unas 150 personas empezaron a ocupar 1,200 hectáreas de terreno de propiedad de Palmas del Espino. El clima político hostil y la presencia de Sendero Luminoso en la comunidad hicieron especialmente difícil el desalojo de los invasores y los intentos iniciales fueron resistidos firmemente.
Durante el primer gobierno del presidente Alan García (1985-1990), la empresa también se vio fuertemente afectada por la importación, a precios subsidiados, de productos como aceite de cocina, y estuvo a punto de quebrar. No fue sino hasta principios de la década de 1990, con la flexibilización del control de precios y la derrota militar de Sendero Luminoso, que Palmas pudo recuperar sus pérdidas y convertirse en una empresa estable y rentable.
Construyendo confianza
El contexto de violencia y las medidas de seguridad adoptadas por Palmas crearon una considerable distancia entre la empresa y la comunidad. Sin embargo, desde el final de la década de 1990 sus funcionarios decidieron remover las barreras y mejorar sus relaciones con la comunidad aledaña. Como el director y ex gerente general (enero 2001 - junio 2006), Ángel Irazola, señaló “lo que yo no quiero es estar encerrado en nuestros límites con miedo a la población. Mi interés es que las personas que están a mi costado sean mis socios, porque como enemigos estoy fregado”.
El primer paso implicó aumentar el monto e impacto de la filantropía de la empresa. Aunque la familia Romero tiene un historial de actividades caritativas, la gerencia se acercó a los líderes de la comunidad para definir nuevas prioridades. Estas incluyeron invertir en escuelas locales y capacitación para los profesores, equipar la posta de salud local y generar alternativas de empleo para los familiares de los trabajadores de la empresa. Hacia 2005, la empresa invertía US$ 110,000 anuales, además del tiempo invertido por sus profesionales en programas sociales.
Sin embargo, los ejecutivos de la empresa así como los líderes de la comunidad se dieron cuenta de que la filantropía sola no los sacaría de la pobreza ni los alejaría de la coca. Como consecuencia de ello, el personal de Palmas redobló sus esfuerzos para promover el cultivo de palma aceitera entre los agricultores independientes locales. La empresa les vende plantones de su vivero a precio de costo, otorga asistencia técnica y capacitación para el mantenimiento de la palma y constituye un mercado asegurado a precios justos. Palmas también ha promovido la formación de capital social a través del fomento de la organización de los palmicultores en el ámbito local, regional y nacional, ofreciéndoles además acceso directo a la información de mercado y la tecnología.
De invasores a socios: la Asociación de Productores Agropecuarios José Carlos Mariátegui
Los ejecutivos de Palmas fueron todavía más allá con los invasores de su plantación, apoyando un programa de desarrollo y crédito sin precedentes que convirtió a estos invasores en propietarios y asociados.
En 1990, las autoridades locales otorgaron un estatus legal a las familias invasoras creando el caserío José Carlos Mariátegui (JCM), a pesar de que su disputa territorial con Palmas no había sido resuelta. Después de una serie de enfrentamientos y reuniones a través de los años, la empresa llegó a un acuerdo sin precedentes con JCM: ofrecerles la mitad de la tierra ocupada a cambio de que abandonen el resto. La oferta fue aceptada en 2000 con el consentimiento directo de cada familia involucrada. Al año siguiente, casi 70 familias –incluyendo algunos de los invasores originales que permanecieron en el área– recibieron títulos de propiedad de las tierras que ocupaban y empezaron a cultivar libremente arroz, maíz, papaya, frijoles, plátano y la inevitable hoja de coca.
Sin embargo, hacia 2003, se evidenció que la titulación de tierras era insuficiente para garantizar un ingreso sostenido para las familias de JCM, que aún vivían en niveles de subsistencia y, en algunos casos, habían vendido o abandonado sus tierras. Es en este momento que los funcionarios de la empresa deciden promover el cultivo de palma aceitera entre estas familias.
La principal barrera para el cultivo de palma es que los plantones necesitan cuatro años de financiamiento y cultivo antes de rendir frutos y por lo tanto generar ingresos, y ninguna de las familias de JCM tenía los recursos necesarios para ello. Tampoco eran sujetos de crédito (los agricultores independientes que cultivan palma, generalmente cosechan palmeras abandonadas o se financian con la venta de hojas de coca). En este caso Palmas fue más allá, ayudando a 54 familias asociadas, que querían sembrar palma, a negociar un préstamo de US$ 1’090,000 con el Banco de Crédito, la institución financiera más grande del Perú, garantizado por los títulos de propiedad de las familias y con el aval de Palmas, que se encargaría de administrar el crédito.
A partir del año 2007, las familias de la Asociación JCM esperan recibir, por lo menos, US$ 800,000 anuales (US$ 1,600 por hectárea), un ingreso significativo para una comunidad que antes vivía en niveles de subsistencia. La mitad de ese dinero será destinada, durante los primeros cinco años de cosecha, a repagar el préstamo, dejando un ingreso anual neto de US$ 400,000. Adecuadamente cuidadas, las palmeras pueden ser cultivadas por lo menos durante 25 años, proporcionando de esta manera un horizonte de largo plazo altamente rentable.
A pesar de que el ingreso anual generado por la palma todavía es menor que el de la hoja de coca, tiene varias ventajas: es legal, de bajo riesgo y bajo costo de mantenimiento, y constituye una fuente de ingreso permanente, con asistencia técnica disponible y mercado asegurado en Palmas (o en cualquier otra planta extractora). Sin embargo, esto no resuelve el desafío más grande que significa el trafico ilícito de la coca. Sin esfuerzos más eficaces para reducir la demanda internacional y extender este tipo de cultivo alternativo vinculado con un mercado asegurado hacia otras áreas, la hoja de coca seguirá siendo cultivada para el narcotráfico en amplias extensiones de territorios en Perú, Bolivia y Colombia.
Debido a la gradual construcción de confianza entre Palmas y JCM así como la satisfactoria solución de la invasión del terreno, prácticamente toda las familias en JCM ahora pueden ser optimistas respecto de la posibilidad de generar ingresos, y educar a sus hijos a través del cultivo de la palma. El ejemplo, a su vez, ha motivado a otros campesinos en el área a buscar un camino similar, lejos de la agricultura de subsistencia o ilícita, hacia un cultivo rentable como la palma. Como el ex presidente (noviembre 2003 – julio 2006) de la Asociación de Productores Agropecuarios José Carlos Mariátegui, Noé Medina, señaló: “estuvimos con los cultivos de coca pero estábamos cansados de todos los problemas relacionados a la subversión y el narcotráfico (…) tenemos mucha proyección con el proyecto de palma que estamos iniciando. Tengo mis hijos, tengo mi familia y ahora estamos bien”.
Cynthia Sanborn es profesora de Ciencia Política y Jefa del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Pacífico. Álvaro J. Delgado es un asistente de investigación vinculado con el equipo SEKN en Perú.
Cynthia Sanborn is Professor of Political Science and Chair of the Social and Political Science Department at the Universidad del Pacífico. Alvaro J. Delgado is a research assistant associated with the SEKN team in Peru.